Tema se analizó en jornada organizada por la Facultad de Medicina UV y Comisión Regional de Protección de Derechos de las Personas.
Fomentar el diálogo y la reflexión sobre los pro y contras de las normativas y los procedimientos que en nuestro país autorizan el ingreso de personas con problemas mentales en hospitales y centros clínicos especializados fue el objetivo de la jornada “Internaciones psiquiátricas involuntarias: requerimientos clínicos y perspectiva de derechos”.
Organizada en conjunto por la Comisión Regional de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, la actividad reunió a un centenar de profesionales de la salud, abogados y representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al tema, quienes asistieron a las conferencias, exposiciones y mesas de diálogo que consideró el programa de la misma.
Su inauguración estuvo a cargo de la secretaria regional ministerial de Salud, María Graciela Astudillo, y del decano de la Facultad de Medicina de la UV, Antonio Orellana, quienes destacaron la necesidad de incorporar la perspectiva de los derechos humanos en todo lo relacionado con la atención de quienes sufren enfermedades o trastornos mentales.
El encuentro giró en torno a los complejos cuestionamientos y debates sobre la legitimidad de las internaciones psiquiátricas involuntarias, toda vez que, por lo general, éstas afectan a personas que debido a los trastornos que padecen son incapaces de consentir o expresar con libre voluntad su deseo de ser remitidas a centros de atención especializados -durante un tiempo determinado- para acceder a las herramientas diagnósticas o terapéuticas que ofrecen estos.
Para los defensores de las libertades civiles, la internación psiquiátrica involuntaria representa un atropello directo a las libertades individuales y, en consecuencia, debiera ser prohibida o claramente limitada. Por el contrario, hay otros que sostienen que se trata de una opción plenamente válida por tratarse de un acto benéfico cuyo fin es el de proporcionar los cuidados y la protección que el involucrado -e incluso su familia- necesita, aun cuando este último no puede ejercer su derecho de autonomía para oponerse a ello.
Frente a esta disyuntiva, la asesora en enfermedades mentales de la Seremi de Salud de Valparaíso Karin Novoa se refirió al desarrollo histórico de las resoluciones administrativas y al reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de Protección de Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, Constanza Cortese, sostuvo que las normativas hoy vigentes no garantizan el respeto de los derechos de la persona afectada por una crisis psiquiátrica. “El administrativo solo regula aspectos formales, como la identidad del afectado, y no los criterios esenciales que definen el reglamento 570 y el artículo 25 de la Ley 20.584. Y en lo judicial, en los tribunales de Familia o Garantía se observa un mayor desconocimiento de los criterios de salud mental que deben estar presentes. Por tal motivo, es importante que la ley que a la fecha se tramita en el Congreso sea aprobada tomando en cuenta los aspectos de salud, legales y sociales concernientes al tema”, explicó la representante regional.
Alcances
En Chile, las internaciones por problemas mentales tienen que ver, en su mayoría, con cuadros de bipolaridad y trastornos psicóticos. El 17,3% de las registradas en hospitales generales y el 13,6% de las que se producen en hospitales psiquiátricos son involuntarias. Estas cifras equivalen al rango medio de los países europeos, en los que este tipo de procedimiento fluctúa entre el 3,2% y el 30%.
En opinión del psiquiatra Álvaro Cavieres Fernández, quien intervino en la jornada como especialista del Hospital del Salvador y director del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, establecer comparaciones con otras realidades en este ámbito resulta inadecuado, ya que las normas, niveles de exigencia y aplicación son muy diferentes.
Además, advirtió, se requieren más estudios sobre los aspectos cualitativos del consentimiento en las internaciones y datos fidedignos sobre los beneficios para las personas internadas por un procedimiento involuntario que contribuyan a tener un mejor panorama sobre el tema.
“En nuestro país, lo que en la práctica sucede es que se actúa caso a caso, si bien, en términos médicos, todo tratamiento psiquiátrico que requiera o implique internar a una persona con enfermedad o trastorno mental debe considerar, siempre, el medio que menos restrinja sus derechos y libertades”, precisó el doctor Cavieres.
La jornada “Internaciones psiquiátricas involuntarias: requerimientos clínicos y perspectiva de derechos” tuvo lugar en el auditorio Doctor Pedro Uribe Concha y contó con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de Psicólogos de Chile.
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